“No es muy común que un imputado diga que llama por teléfono a la fiscal y sus abogados digan que ellos establecen cuándo entregar computadores y papeles y que ellos decidan cuándo van a ir a declarar”.

De esa forma Álvaro Bellolio (UDI), consejero regional metropolitano y uno de los cinco integrantes de la comisión investigadora en contra de Claudio Orrego, deslizó suspicacias al Ministerio Público en el caso que envuelve al gobernador regional.

Orrego declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía Oriente, que lo investiga por el eventual delito de fraude al Fisco.

Esto, por el informe de Contraloría que detectó un potencial uso irregular de recursos públicos en el gasto de $31 millones de recursos fiscales por sesiones de ‘coaching’ directivo, con las cuales habría abordado estrategias electorales de cara a su campaña.

A raíz de esto, el Ministerio Público inició la investigación contra el ex-DC, quien entregó de forma voluntaria su celular y su notebook, mientras que el OS-7 de Carabineros extrajo del edificio de la gobernación teléfonos, archivos y documentos, así como correos de los servidores.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el consejero gremialista afirmó que, en la indagatoria, el “tema con la fiscalía está medio raro, está medio enredado”.

Bellolio, pese a que afirmó que “confiamos y vamos a respetar enormemente la las decisiones que tengan que ver con con el Ministerio Público”, dijo que “el estudio de abogados (de Orrego) es muy cercano a la fiscal que está llevando el caso”.

Claudio Orrego contrató a los abogados José Pedro Silva y Miguel Schürmann para su defensa en la indagatoria. Este último es cercano al Frente Amplio.

En esa línea, el core apuntó también que “el gobierno regional financia algunos programas de la fiscalía regional” y cuestionó el actuar del Ministerio Público en el caso ProCultura, en el cual Orrego también es indagado.

“Que después después de 2 años hayan cambiado tres veces al fiscal y no haya ningún formalizado, es muy difícil de explicar a los vecinos”, cuestionó.

“Por eso nosotros insistimos en ir al Tricel o a otra instancia porque no sabemos lo que va a pasar con la Fiscalía y cómo se va a resolver”, cerró.

En paralelo a la potencial responsabilidad administrativa y penal de Orrego, un grupo de consejeros regionales anunciaron la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la destitución del gobernador. La iniciativa fue impulsada en un principio por los cores del Partido Republicano, a la que se sumaron los de la UDI el viernes pasado. Con esto, están los votos necesarios para suscribir la presentación.

Según Bellolio, los cores aluden a “las responsabilidades del jefe de servicio y el descontrol que hay en los tratos directos que se van generando, que han beneficiado a claramente gente donde hay una incompatibilidad o una falta de tino relevante”.