Es un órgano clave en el cuidado del medio ambiente. Su dotación es en torno a 300 funcionarios, de los cuales 107 se desempeñan como fiscalizadores. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) adquiere cada vez mayor relevancia para abordar los problemas locales de las comunidades, y su labor es titánica: solo como ejemplo, debe supervisar el cumplimiento de más de 18.000 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), pero sus recursos son limitados.

A través de una consulta de Ley de Acceso a la Información Pública, Pulso preguntó el 28 de marzo de 2025 a la SMA cuál es el tiempo de tramitación de los procedimientos sancionatorios promedio, desde la formulación de cargos hasta la resolución final (sin contabilizar los casos masivos de ruidos y riles) y cuántas denuncias aún están pendientes de cerrar.

El pasado 28 de abril, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respondió y reveló antecedentes que dan cuenta de la magnitud de la carga que enfrenta el organismo. Según el oficio firmado por el fiscal Bruno Raglianti, los procedimientos sancionatorios que instruye la entidad tienen una duración promedio de 591 días —cerca de 20 meses— desde la formulación de cargos hasta la resolución final, si se excluyen los casos masivos asociados a ruidos y residuos líquidos industriales.

El documento también aclara que estos plazos consideran tiempos que no siempre dependen directamente del organismo, como la ejecución de programas de cumplimiento, los cuales son responsabilidad de los titulares de los proyectos o actividades fiscalizadas. Aun así, las cifras evidencian la complejidad de los procesos sancionatorios y el extenso tiempo que puede tomar cerrar definitivamente un caso ambiental ante la SMA.

En cuanto a las denuncias ciudadanas y de otros actores, la Superintendencia detalló que desde 2013 a la fecha del oficio ha recibido un total de 37.140 denuncias, de las cuales 18.974 —más de la mitad, un 51%— aún se encuentran en proceso. Estos antecedentes reflejan la presión operativa que enfrenta el organismo y los desafíos pendientes para mejorar los tiempos de respuesta en materia de fiscalización ambiental.

La SMA también explicó que los plazos informados corresponden al tiempo total entre la formulación de cargos y la resolución sancionatoria o la aprobación de un programa de cumplimiento, pero advirtió que parte de ese período no depende directamente del servicio. Por ejemplo, la ejecución de los programas de cumplimiento es responsabilidad de los titulares fiscalizados, por lo que no es atribuible a la gestión de la institución. Esta precisión busca matizar la interpretación de los plazos de tramitación y subraya la necesidad de considerar el rol que juegan los regulados en el avance de los procedimientos.

Gestión

Frente a estas demoras, la SMA afirmó que desde 2023 estas materias son una prioridad institucional. Se creó un Departamento de Gestión de Denuncias, se fortaleció la División de Sanción y Cumplimiento y se incorporó inteligencia artificial en denuncias por ruido. “Durante 2023 se efectuaron diagnósticos generales de los distintos procedimientos sancionatorios en curso”, indicó, y añadió que en 2024 hubo un alza del 30% en el cierre de casos, con la meta de tramitar aún más durante 2025.

La SMA recordó que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que busca “mejorar la eficiencia y eficacia en distintas materias como la gestión de las denuncias y la rigidez del modelo sancionatorio”. Añadió que “el ajuste normativo expresado en el proyecto de ley y en los recursos necesarios, son dos aspectos imprescindibles para un mejor cumplimiento de las funciones de la SMA”.

El total de fiscalizaciones realizadas en 2024 fue de 5.357, donde el 31% corresponde a inspecciones en terreno (1.691); el 48% a fiscalizaciones remotas mediante el uso de tecnología como imágenes satelitales e inteligencia del dato (2.564); y 21% al análisis de información de los reportes que están obligados a hacer los titulares de proyectos (1.102).

Expertos

Emanuel Ibarra, ex fiscal de la SMA explicó que “los tiempos de tramitación de los procedimientos sancionatorios y denuncias son extensos, pero el diagnóstico es claro: la SMA está lejos de tener el personal y los recursos que requiere para poder cumplir con sus funciones, las cuales van aumentando con cada normativa ambiental nueva que se dicta. Lo que ha pasado es que se ha centrado el esfuerzo en crear normativas, pero con informes financieros que no conversan con la realidad. Luego al momento de aplicar esa norma, no están las personas ni los recursos para hacerse cargo de lo que implica. Si se crean normas ambientales nuevas sin tener a la vista el dinero para fiscalizarlas, son letra muerta.

“Un ejemplo claro es la propia reforma a la SMA que está impulsando el ejecutivo. Aquella aumenta bastante la carga del servicio reduciendo los plazos de tramitación y creando nuevas competencias, pero considera solo 18 funcionarios en un lapso de 3 años, cuando existen auditorias externas y públicas que han revelado que la SMA, al día de hoy, debería tener casi el doble de su dotación actual”, añadió.

Amelia Sagredo, asociada senior del estudio de abogados Eelaw destacó que “una forma de mejorar los plazos de tramitación en procedimientos sancionatorios y tramitación de denuncias es aumentar la dotación de profesionales del la sma. Tanto la sma, como el sea mantienen poca dotación, pese a los cambios normativos de los últimos años que requieren mayores esfuerzos”.

José Domingo Ilharreborde, socio de Echeverría Ilharreborde Scagliotti Abogados añadió que “los números se explican por la gran cantidad proyectos y actividades sujetos a su fiscalización (más de 20.600), considerando el limitado número de funcionarios que trabajan en la SMA. Por lo tanto, hay un tema de recursos. Pero además actualmente la SMA conoce de una serie de materias que podrían considerarse como de menor importancia (ciertos casos de ruidos, o procesos por uso de leña húmeda) que podrían ser conocidos por otras autoridades, para que la SMA se centre en los casos más relevantes. Precisamente este cambio, es uno de los aspectos positivos de la reforma a la Ley Orgánica de la SMA que se discute actualmente en el Congreso y que buscará limitar un poco sus competencias”.