La Contraloría General de la República (CGR), informó este jueves que inició sumarios administrativos en tres reparticiones públicas, luego de revelarse que 25.000 funcionarios salieron del país haciendo uso de licencias médicas.

El proceso se realizará en la Subsecretaría de Seguridad Social (Suseso), en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Esto, luego de la información dada a conocer en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9, dado a conocer el pasado martes.

De acuerdo con el ente contralor, la orden de sumario administrativo se da “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”.

Los organismos antes mencionados tienen un rol participativo en la supervisión y aprobación del reposo otorgado por razones de salud.

Durante la jornada, desde el Ministerio Público se anunció una investigación de oficio, la que fue derivada en la Fiscalía Metropolitana Oriente, entidad que deberá investigar el eventual mal uso de las licencias médicas.

La decisión radica, en que en esa fiscalía, se realizan anteriores indagatorias por casos relacionados a la venta de licencias y fraudes.

El fiscal Álvaro Pérez, bajo el alero de la persecutora regional oriente Lorena Parra, será el encargado de las pesquisas.

“Aquí generalmente lo que se investiga en este tipo de casos es si las licencias de partida son verdaderas desde el punto de vista material o son ideológicamente falsas, es decir, si obedecen o no a un fundamento médico”, detalló el fiscal Pérez.

Asimismo, explicó que en materia penal “puede haber delitos de falsificaciones materiales de la licencia. Puede haber también delitos de falsificación de licencias médicas, desde el punto de vista de falsificación ideológica, es decir, que no obedece el otorgamiento a fundamentos médicos reales”.

“Si este es el caso y a través de esta licencia médica se obtuvo fraudulentamente el pago o subsidio por incapacidad laboral, podemos estar en presencia también de delitos de fraude de subvenciones”, afirmó.