La presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró este miércoles a su nuevo jefe de gabinete en medio de una nueva jornada de protestas contra su gobierno por la ola de extorsiones del crimen organizado.

La mandataria designó -en una designación cuestionada por “reciclar” y mantener en su cargo a 17 titulares de las carteras ministeriales-, al abogado y ministro de Justicia, Eduardo Arana (59), en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien se vio forzado a renunciar el martes antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra.

Boluarte, cuya popularidad del 2% bate récords de mínimos en el mundo, tomó juramento a su cuarto primer ministro en los 30 meses que lleva en el poder.

La presidenta peruana decidió renovar su equipo de gobierno antes de someterse al voto de censura en el Congreso, donde cuenta con el apoyo volátil de una coalición de fuerzas de derecha.

La gobernante no consideró, además, las sugerencias de una renovación de nombres en los ministerios. Horas antes de que se diera a conocer el nuevo gabinete, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, había solicitado públicamente que la jefa de Estado convocara a profesionales y políticos fuera del círculo presidencial.

“En este momento no hay gabinete, así que veremos qué personalidades nos presenta el Gobierno. La recomendación es que mire fuera del entorno presidencial y del actual gabinete. Hay que mirar, hay profesionales y políticos capaces y gente con experiencia en el sector público que pueden ser convocados y garantizar que estos 14 meses sean estables", había señalado el líder del Parlamento pero sus palabras no fueron tomadas en cuenta por Boluarte.

No obstante, casi todos los nombramientos ratificaron la fórmula de Boluarte por la continuidad.

Crisis de seguridad

Paralelamente, se registraron nuevas manifestaciones contra la creciente crisis de seguridad, derivada del imparable aumento de las extorsiones.

“Lo que tenemos en las calles es un baño de sangre, porque los negocios son extorsionados, esto tiene que acabar y desde acá le decimos al nuevo premier que se ponga a trabajar”, declaró a la AFP Arturo Zavala, secretario de la Federación de empresarios de Gamarra.

Acorralada por las críticas al manejo de la seguridad, Boluarte envió a los militares a las calles de Lima en apoyo de la policía bajo el estado de emergencia que decretó en marzo.

Al caer la tarde de este miércoles, cientos de transportistas y comerciantes marcharon hacia el Congreso con carteles en los que se leía ‘Ni un muerto más’, ‘Que se vayan todos’.

Sólo en Lima, en lo corrido del año, han sido asesinados 16 conductores por bandas que los extorsionaban, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas.

Hubo marchas también en las ciudades de Puno, Cusco, Iquitos, Arequipa y Tacna.

“Hay una incapacidad de liderazgo de ella, no tiene una estrategia para poder combatir la inseguridad que hoy vivimos”, dijo el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos.

Este miércoles varias empresas de servicio público suspendieron sus actividades por 24 horas en la capital peruana, de 10 millones de habitantes, lo que afectó parcialmente la circulación.

En los últimos seis meses se han realizad protestas similares en Lima y el puerto vecino de Callao.

Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta 50.000 soles (13.500 dólares) mensuales a las empresas de transporte. Cuando se rehúsan, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.

Según policía en los primeros cuatro meses de 2025, se han registrado 9.097 denuncias por extorsión en el país. La cifra supera las 7.632 denuncias del mismo período en 2024 y las 6.321 de 2023.